Hace dos años, el Ministerio de Agricultura señaló la urgencia de regular las parcelaciones rurales. Finalmente, el martes pasado, el ministro Esteban Valenzuela, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, presentó el proyecto de ley correspondiente en la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa propone cambios a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el fin de controlar el crecimiento no planificado en áreas rurales y proteger suelos agrícolas esenciales para la seguridad alimentaria del país. Los proyectos de subdivisión con seis o más lotes contiguos, cada uno con una superficie menor a tres hectáreas, serán considerados conjuntos residenciales rurales.

El proyecto permitirá la creación de conjuntos habitacionales rurales bajo ciertas condiciones, destinando parte del terreno a fines agrícolas o de conservación ambiental. Además, se busca fortalecer las facultades de fiscalización del Estado. Durante la pandemia, el teletrabajo incentivó el éxodo urbano hacia el campo, aumentando las solicitudes de subdivisión de terrenos rurales de 9,907 en 2019 a 22,378 en 2022. En 2022, el Minagri limitó estas solicitudes, rechazando las que se sospechaba tenían fines inmobiliarios, lo que generó conflictos judiciales con las empresas del sector.

El proyecto especifica que los nuevos conjuntos residenciales rurales serán subdivisiones donde se podrá construir una vivienda unifamiliar. Los proyectos con seis o más lotes contiguos de menos de tres hectáreas cada uno serán considerados conjuntos residenciales. Estos conjuntos deberán cumplir con una superficie mínima según el plan de desarrollo local, y en áreas no planificadas, la superficie mínima será de 0.5 hectáreas.

Al menos el 70% de cada lote debe mantenerse para usos agrícolas, de conservación, o restauración, sin edificaciones. Hasta el 20% podrá destinarse a instalaciones complementarias y el 10% restante a una vivienda unifamiliar de hasta dos pisos más mansarda.

Los conjuntos deberán contar con servicios básicos, accesibilidad, normas de tenencia responsable de mascotas, cierres perimetrales, y medidas para prevenir incendios forestales, además de procedimientos para mitigar el impacto ambiental.

Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, el proyecto de ley refuerza las facultades de fiscalización del Estado. Los desarrolladores deberán presentar el proyecto de subdivisión a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y obtener la aprobación de la Dirección de Obras Municipales. El plano de subdivisión y el certificado de recepción de obras deberán inscribirse en el Registro del Conservador de Bienes Raíces.

Las Seremis, el SAG, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y otras entidades pertinentes, podrán fiscalizar los predios. Las infracciones serán sancionadas con una multa del 200% del valor fiscal del predio subdividido, pudiendo llegar hasta 1,000 unidades tributarias mensuales (aproximadamente $66 millones) y aplicarse anualmente hasta que se corrija la infracción. Excepcionalmente, los propietarios que adquirieron predios antes de la entrada en vigor de la ley podrán solicitar autorización para construir una vivienda unifamiliar no necesaria para la explotación agrícola, ganadera o forestal del predio.